Éstos incorporan como sujetos obligados a nuevos actores como el DCV, las instituciones gubernamentales y todas las empresas públicas del Estado. “De esta manera, pasamos a ser regulados por la UAF,  la que impone plazos, compromisos y ciertas obligaciones como contar con un manual de prevención de LA/FT, implementar controles y procedimientos y reportar regularmente. Además, nos impone informar trimestralmente si ha habido operaciones en efectivo, entre otras señales de alerta que debemos comunicar”, explica el gerente de Contraloría y Cumplimiento, Jaime Fernández Morandé.

Para ello, el DCV ha implementado una serie medidas para hacerse cargo de esta nueva función de cumplimiento, lo que implica la creación de procedimientos, controles y políticas que van en directo beneficio de los clientes del DCV.

“De esta manera, el DCV queda en pie de garantizar el cumplimiento de las leyes por parte de sus clientes, dando una clara señal de transparencia y confianza al mercado, a los clientes y al sistema financiero en general. Ello, además de generar tranquilidad en los inversionistas extranjeros de que en Chile se cumplen las normas”,  agrega Fernández.

Paralelamente, cuenta, el DCV está contratando un servicio de revisión que va no sólo a los PEP (quiénes ostentan cargos públicos, su superior subrogante y parientes sanguíneos hasta segundo grado), sino también a los PEP por afinidad.

Lo anterior, afirma, ubica al DCV y al mercado local en el cumplimiento de estándares más altos. Sin embargo, a su juicio, aún queda por avanzar. “Los casos que ha habido en los últimos años nos han obligado a avanzar más rápido, lo cual es bueno. Hoy, Chile está bastante a la par de los países desarrollados, cuesta que se entienda que hay que solicitar más antecedentes a los clientes; desde lo comercial puede dificultar la relación pero hay que considerar que el fondo es resguardar tanto al DCV como al cliente y le da la certeza que la empresa donde tiene depositada su inversión se preocupa de cumplir con la ley.”

Actualmente, cuenta Fernández, el DCV está haciendo una revisión de políticas y recomendaciones de organizaciones internacionales, que abarca a todos los actores del sistema financiero, a nivel mundial, para prevenir los crímenes financieros. “Estamos revisando una serie de propuestas de políticas de buenas prácticas de nivel mundial. Hay mucho de lo que tenemos actualmente como DCV y que como mercado local puede ser replicado”, dice Fernández.

En su opinión, Chile tenía que ponerse a la altura de otros países en este tema, ya que había diferencias en temas de cumplimiento a nivel internacional respecto de las empresas locales, escenario que ya se está igualando con este tipo de normativas.

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